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| El 50 aniversario de la Memoria de las víctimas se celebra, a parte en Chile, también en Suecia en el municipio de Järfälla, Jakobsberg, el 27 de julio (2025). |
“Operación Colombo” y el “Caso de los 119”
Diez agentes de seguridad chilenos condenados a prisión por crímenes
durante la dictadura militar
Por Dick Emanuelsson
TEGUCIGALPA /
ESTOCOLMO / 2015-07-22 / Diez altos agentes de seguridad de la policía política
secreta DINA fueron condenados la semana pasada a penas de entre 5 y 13 años de
prisión. Sirvieron a la dictadura militar del general Augusto Pinochet de 1973
a 1990, cuando se cometieron los crímenes.
El juez Miguel Vázquez Plaza se especializa en violaciones de
derechos humanos. Fue responsable del caso, ya cerrado, de Bernardo Araya
Zuleta, diputado del Partido Comunista de Chile, y su esposa, María Flores
Barraza. La pareja, tres de sus nietos y el hermano de Araya fueron
secuestrados por la policía política secreta y desaparecieron en 1976. Después
de un tiempo, todos fueron liberados excepto Bernardo y María, quienes
permanecen desaparecidos hasta la fecha.
El comandante supremo de la DINA, el general Manuel Contreras, fue
condenado a 13 años adicionales de prisión en este caso. Estos años son
insignificantes, ya que Contreras ya acumula 500 años de condenas previas a lo
largo de los años de juicios.
Durante los 17 años de dictadura militar en Chile, alrededor de 3.200
personas fueron ejecutadas y unas 1.100 desaparecieron. En total, se estima que
34.000 chilenos fueron encarcelados y torturados, mientras que hasta 700.000
personas fueron arrestadas en algún momento durante los 17 años de gobierno de
Pinochet.
Sólo 75 militares han sido condenados
En un informe
sobre violaciones de derechos humanos publicado por el Ministerio del Interior
de Chile en diciembre de 2014, los autores afirman que solo 75 de un total de
1.073 agentes de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos han sido
condenados por sus delitos. Varios de los condenados también se encuentran en
libertad condicional, cumpliendo sus condenas en la comunidad. Según Francisco
Ugaz, jefe de la Comisión de Derechos Humanos del ministerio, la pena debería
ser proporcional a la gravedad del delito.
“Hay más de
mil casos que permanecen abiertos en Chile por los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura de Pinochet”, dijo Ugaz cuando presentó el
informe el año pasado.
“OPERACIÓN COLOMBO”
A principios
de 2015, siete agentes de la DINA fueron condenados en segunda instancia a
penas de prisión de entre 10 y 13 años por su participación en la desaparición
de Stalin Aguilera, miembro del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria, MIR. Fue una de las 119 personas
detenidas y desaparecidas en 1975 durante la "Operación Colombo",
la mayoría de las cuales pertenecían al MIR, pero también había miembros de los
partidos Comunista y Socialista.
La
desaparición masiva fue una masacre brutal de esta cantidad de personas. Para
apaciguar a la opinión pública, y en especial a una comisión de la ONU que
planeaba una visita a Chile en julio de 1975, la DINA lanzó una campaña bien
planificada.
“Lea” fue un
periódico fantasma inventado que nació y desapareció el mismo día en la vecina
Argentina. Sin embargo, el periódico tuvo un papel muy especial en la guerra
psicológica de la junta militar y fue una fuente de información para la prensa
leal al régimen, como el vespertino La Segunda.
Este periódico sensacionalista escribió el 12 de junio de 1975: «2.000
marxistas reciben entrenamiento guerrillero en Argentina y se está entrenando
una guerrilla en Argentina contra Chile». Durante un mes, los medios chilenos
prorrégimen publicaron informes de terror sobre cómo se estaba planeando una
invasión extranjera a Chile desde Moscú y La Habana, dirigida contra las
fuerzas armadas chilenas.
El 15 de julio, Lea publicó su bombazo: «Alrededor de 60 extremistas
chilenos habían sido asesinados por sus propios camaradas en Colombia,
Argentina, Venezuela, Panamá, México y Francia». Los medios chilenos
utilizaron esta información fantasma como «fuente» y, de esta forma, la
dictadura se deshizo de 119 personas asesinadas por la policía de
seguridad.
El diario matutino de mayor tirada, El Mercurio, publicó un
editorial el 25 de julio, criticando irónicamente a «los políticos y
periodistas extranjeros que han preguntado tantas veces por el destino de los
miembros (desaparecidos) del MIR. Han culpado al gobierno de muchos de estos
casos, pero ahora tienen una explicación que se negaron a aceptar».
Los estómagos estaban llenos de plomo.
A principios
del año 2000, un coronel retirado de la Fuerza Aérea Chilena reveló cómo
las fuerzas armadas se deshacían de los cuerpos de los desaparecidos. Se estima
que 780 cuerpos, escribió el coronel, fueron arrojados al océano Pacífico o al
interior de volcanes andinos.
La carta fue
entregada al pastor evangélico militante Enrique Vilches Millas, y el coronel,
visiblemente traumatizado por la bestialidad, describió cómo a los activistas
de izquierda asesinados les inyectaron sustancias químicas para acelerar la
descomposición de sus cuerpos. Les abrieron el estómago y lo llenaron de plomo,
que posteriormente fue reemplazado por vías de ferrocarril, ¡que eran más
baratas! que el plomo.
Se solicitó la
ayuda de dos empresas de transporte: Transportes Progreso, que contaba con
camiones, y la naviera Sudamericana de Vapores, que trasladó a las víctimas al
mar, donde fueron arrojadas por la borda. Algunas víctimas también fueron
arrojadas al mar desde helicópteros. Por estos delitos, menos de cien de los
1.073 uniformados acusados de crímenes de lesa humanidad fueron condenados a
entre 5 y 13 años de prisión la semana pasada.
Dick Emanuelsson
El coronel admite bestialidades contra los “desaparecidos” en Chile
“Si no hay
cementerios donde enterrarlos, es mejor tirarlos al mar para que se conviertan
en comida para peces. Vuelas en helicóptero, abres la puerta y ¡voilá! ¿Quién
se atrevería a buscar en las profundidades de un volcán”?
Por Dick
Emanuelsson
BOGOTÁ / 26/04/2001 / Un coronel retirado de la
Fuerza Aérea chilena revela que las fuerzas armadas bajo el mando del general
Pinochet asesinaron y arrojaron 780 cadáveres al Océano Pacífico. El gobierno
confirma la autenticidad de la carta, pero afirma, a pesar de instar a los
exsoldados a informar anónimamente sobre la guerra sucia, que la carta no es
suficiente para llevar a los verdugos ante la justicia.
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| Uno de los miles de familiares de desaparecidos y ejecutados en Chile exige justicia por los asesinados y desaparecidos. |
En una carta
anónima de cuatro páginas, entregada por el pastor evangélico militante Enrique
Vilches Millas, el coronel describe detalladamente cómo se desarrolló todo el
proceso de los desaparecidos. A los activistas de izquierda asesinados se les
inyectaron sustancias químicas para acelerar la descomposición de sus cuerpos.
Les abrieron el estómago y primero los llenaron de plomo, que luego fue
reemplazado por rieles de ferrocarril, ¡más económicos! que el plomo. Se
solicitó la ayuda de dos empresas de transporte: Transportes Progreso, que
contaba con camiones, y la naviera Sudamericana de Vapores, que transportó a
las víctimas al mar, donde fueron arrojadas por la borda. Algunas víctimas
incluso fueron arrojadas al mar desde helicópteros.
Pero este
proceso, literalmente sádico, contenía aún más elementos macabros. El coronel
escribe sobre cómo 124 víctimas fueron llevadas al propio hospital militar en
Santiago, donde fueron desmembradas. Se separaron córneas y otros órganos
vitales de los cuerpos y posteriormente se vendieron para trasplantes. Se dice
que los uruguayos fueron los principales compradores de los órganos de los
asesinados.
El contenido
de este testimonio se conocía previamente a partir de declaraciones dispersas y
fragmentadas. Pero la carta del coronel conmocionó tanto al gobierno, liderado
por el socialista Ricardo Lagos, como al aparato militar, que hasta entonces
había negado cualquier responsabilidad por las desapariciones.
Juana González es hermana de María Elena y Galo González.
Desaparecieron El 15 de agosto de 1974. Supuestamente fueron asesinados en 1975
en lo que el servicio de inteligencia militar denominó la "Operación
Colombo". 119 chilenos, la mayoría miembros del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR, que habían sido arrestados y "desaparecidos",
supuestamente se "mataron entre sí como ratas". La información se
obtuvo de un periódico brasileño que nació y murió el mismo día que se publicó
la noticia. En otras palabras, se trataba de una revista ficticia con una
historia ficticia del servicio de inteligencia militar. Los dos hermanos de
Juana fueron posteriormente declarados desaparecidos por la "Comisión de
Justicia" del estado. Esta publicó su informe a principios de la década de
1990, en el que afirmaba que más de 1100 chilenos habían desaparecido después
de que los militares los arrestaran tras el golpe militar de 1973. Por lo
tanto, la carta del coronel y su contenido no fueron ninguna sorpresa.
– No, no lo fue. Pero aun así fue un duro golpe
tener la confirmación de cómo trataron a mis hermanos y a todos los demás
desaparecidos. Sigue siendo importante que sigamos luchando por el derecho a
saber dónde están los cuerpos y quién es el responsable de su desaparición. Mi
madre siempre ha dicho, en su incansable búsqueda de sus hijos, que «no quiero
morir hasta saber qué pasó con ellos y darles cristiana sepultura».
La carta del coronel se publicó pocos días antes de
que la Corte Suprema de Chile decidiera si Pinochet debía ser despojado de su
inmunidad diplomática o juzgado por los 150 delitos y cargos que se le imputan
en Chile. Lentamente, surgen más testimonios que señalan al exgeneral como
quien dio la orden de liquidar físicamente toda resistencia y oposición. La
brutalidad de este enfoque es similar a la del fascismo alemán durante la
Segunda Guerra Mundial.
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Juana González, trabajadora en el sector infantil desde 1978 en Suecia. Era hermana de María Elena y Galo González, miembros del MIR en la ciudad de Chillán, al sur de Chile. Desaparecieron en agosto de 1974 como víctimas de la “Operación Colombo”.
– Mi madre siempre dijo, en su incansable búsqueda de sus hijos, que “no quiero morir hasta saber qué pasó con ellos y darles cristiana sepultura”, declaró Juana en una entrevista en Flamman hace casi 15 años. Lamentablemente fue así, murió sin saber que fue el destino de sus dos hijos.
Recientemente, Álvaro Corvalán, uno de los peores
verdugos, fue condenado a cadena perpetua. Asesinó al conocido líder sindical
Tucapel Jiménez, cuya viuda reside en Suecia. Corvalán solía dirigir la tortura
de presos políticos y, en un caso que involucraba a un grupo de jóvenes
católicos, los torturó tan severamente con aceite hirviendo que murieron,
continúa Juana González.
Participa en la Asociación de Familiares de
Desaparecidos desde su fundación en 1976. Ha realizado viajes a Londres y
manifestaciones en Estocolmo.
Todos estos años han sido duros para usted,
especialmente cuando a Pinochet se le permitió regresar a Chile; fue un golpe
duro. Pero seguiremos luchando hasta que sea condenado.
Según el testimonio de la Comisión Rettig, la
tortura de sus dos hermanos fue dirigida por un agente de seguridad llamado
Osvaldo Romo. Fue condenado a una larga pena de prisión hace cinco años, pero
no mostró remordimiento alguno, a pesar de su sangrienta acción. En una
declaración que hizo entonces, habló, entre otras cosas, sobre la importancia
de permitir que los arrestados desaparecieran arrojándolos desde helicópteros a
volcanes o al Océano Pacífico.
"Si no hay cementerios donde enterrarlos, es
mejor tirarlos al mar para que se conviertan en comida para peces. Vuelas en
helicóptero, abres la puerta y ¡voilá! ¿Quién se atrevería a buscar en las
profundidades de un volcán?", era su opinión sobre cómo deshacerse de
quienes apoyaron al gobierno izquierdista legal de la Unidad Popular y a su derrocado
presidente, Salvador Allende.
780 personas representan aproximadamente el 60% de
los desaparecidos en Chile. Hasta el momento, el gobierno no se ha atrevido a
desafiar al aparato militar llevando a Pinochet a juicio por su decisiva
responsabilidad en el destino de los desaparecidos. Pero incluso dentro de las
fuerzas armadas, cada vez hay más personas que desean cerrar el capítulo de
1973. Sin embargo, tanto Pinochet como Estados Unidos aún tienen mucho que
decir sobre su papel en el golpe fascista del 11 de septiembre de 1973.
